- La grave situación carcelaria compromete seriamente el cumplimiento de las obligaciones del Estado Colombiano de proteger la vida, integridad física, dignidad y seguridad jurídica de las personas privadas de libertad, así como la de promover y facilitar su reinserción social.
- En Colombia no existe una política criminal garantista, pues, a diferencia del marco constitucional, la normativa penal tiende a restringir el derecho a la libertad, agravando de esta manera la situación de hacinamiento en las cárceles colombianas.
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